República de Colombia
Corte Constitucional
Presidencia
Oficina de Comunicaciones
Boletín de prensa 8 de abril de 2011
EL TIEMPO
SE HUNDIÓ PROYECTO QUE BUSCABA PENALIZAR A CONDUCTORES EBRIOS
La vía Bogotá-Tunja es escenario de numerosos accidentes por exceso de velocidad y embriaguez.
El sentimiento común al hablar de quienes conducen en estado de embriaguez es de condena.
"Es una conducta criminal", sentencia el diputado español Jordi Jané, experto en movilidad. "Manejar ebrio es algo que debe criminalizarse, porque potencializa el riesgo de causar daños a otros", dice por su parte el ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño.
Si la reprobación es tan generalizada, ¿por qué se hundió esta semana el proyecto de ley que buscaba convertir en delito con pena de prisión, de 8 a 30 días, la conducción de vehículos en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias alucinógenas?
Para el autor de la iniciativa, el senador Roy Barreras ('la U'), la razón es que a algunos colegas les pareció que la sanción penal de esa conducta, que conllevaría la inhabilidad de por vida para los cargos de elección popular, "era un riesgo muy alto para ellos y para toda la clase política".
Para Mary Bottagisio, directora de la Liga contra la Violencia Vial, esta decisión "condena a la sociedad colombiana a seguir siendo asesinada por los conductores borrachos". Y añadió que la norma no buscaba enviar más gente a la cárcel sino prevenir muertes evitables mediante el castigo de un comportamiento altamente peligroso.
Cabe recordar que lo que hoy se sanciona con cárcel no es el manejar borracho, sino los delitos que se puedan derivar de esta conducta, como el homicidio y las lesiones personales. Sin embargo, como estos casos se consideran delitos culposos (cometidos por imprudencia o negligencia, sin intención), pocos conductores ebrios que hieren o matan con sus carros van presos.
Por eso, el proyecto de Barreras -derrotado en segundo debate por una votación de 34 contra 25 (se ausentaron 43 senadores)- pretendía, además, aumentar las penas por lesiones y homicidios cometidos por personas ebrias, para que estos casos no fueran excarcelables.
El senador Luis Carlos Avellaneda (Unidad Democrática), uno de los que votaron en contra, cree que aumentar las penas no garantiza la reducción de los delitos. "Nuestro sistema carcelario no cumple el objetivo de resocialización que buscaría esta medida -argumenta-. Quien atropella no es un delincuente nato y, en prisión, podría convertirse en uno. Es más efectivo un trabajo en pedagogía preventiva".
Para los defensores de la iniciativa, su revés en el Congreso envía un mal mensaje a las víctimas. Bottagisio opina, por ejemplo, que seguir castigando al homicida con la casa por cárcel, ha demostrado ser muy poco efectivo.
"A mi hermana la atropelló un hombre que había estado preso por porte de armas y extorsión, y con 177 comparendos encima -cuenta-. Por matarla recibió detención domiciliaria; al cumplir las dos terceras partes de la pena, le dieron libertad condicional y, disfrutando de ella, fue detenido por conducir ebrio".
El senador Barreras prometió que presentará su proyecto por tercera vez al Congreso, y con un solo cambio: hacer las penas aún más duras para los funcionarios públicos que manejen borrachos o 'trabados'.
España logró bajar 50% los muertos
Del 2001 al 2009 bajaron 52 por ciento las muertes en carreteras. Jordi Jané, de la Comisión de Seguridad Vial del Parlamento Español, explica que allí se estableció un tope en el nivel de alcohol en la sangre que hace delincuente al chofer, haya o no cometido un accidente. Se castiga con cárcel (por reincidencia), multas y con trabajo social con víctimas de accidentes de tránsito. Y se creó un permiso de conducción de 12 puntos que se van perdiendo al cometer faltas, hasta perder la licencia. También se premia al buen conductor.
CORTE REVISA TUTELA DE FUNCIONARIO GAY CONTRA PROCURADOR
Nuevo round entre Alejandro Ordóñez y la comunidad gay deberá definirse en la Corte Constitucional.
Ese tribunal, que está pendiente de fallar sendos procesos sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo y su derecho a adoptar, acaba de elegir para revisión una tutela interpuesta contra el jefe del Ministerio Público por Daniel Sastoque Colorado, un abogado de la Procuraduría.
El funcionario asegura que es víctima de una supuesta persecución por su trabajo en defensa de la población homosexual y entuteló a Ordóñez porque lo relevaron de sus funciones y lo dejaron en cargos, que, considera, son de menor responsabilidad. En su defensa, la Procuraduría sostiene que se trata de simples cambios administrativos.
El caso pasó por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema, que negaron la tutela porque Sastoque "no demostró la existencia de represalias por su condición sexual y por sus actividades sindicales".
El abogado, dice, es homosexual y llegó a la Procuraduría en el 2008 por concurso de méritos. Logró que la administración de Edgardo Maya impulsara un programa de derechos humanos dirigido a las comunidades gay, que se acabó en el 2010, ya en tiempos de Ordóñez.
En el expediente aparece que de ser asesor en políticas públicas, Sastoque pasó, finalmente, a cumplir labores administrativas en la Procuraduría Regional de Cundinamarca. "Además de sentirme censurado había un claro interés en que no siguiera con el programa", dice la tutela. Y afirma que casos de torturas a homosexuales supuestamente cometidas por la Policía en Cali terminaron archivados por la Procuraduría, a pesar que existían pruebas en contra.
'ARMONÍA CON LA JUSTICIA NO ES SOLO UN TRATO AMABLE'
Magistrado Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado.
Presidente del Consejo de Estado reclama del Gobierno recursos concretos para la rama.
El presidente del Consejo de Estado, el magistrado Mauricio Fajardo, invitó al presidente Juan Manuel Santos para que, en una sesión de Sala Plena de ese alto tribunal, plasme en el presupuesto para la rama el clima de cordialidad y de colaboración armónica que les ha ofrecido a los jueces.
La invitación pretende que el mandatario defina cómo el Gobierno va a financiar la implementación del nuevo Código Contencioso Administrativo y a mejorar el presupuesto de la rama, que de 3 billones de pesos lo bajaron a 2,1 billones, pero más de la mitad no se puede utilizar.
Según el magistrado Fajardo, el reloj está corriendo y es necesario hacer inversiones para descongestionar la jurisdicción, nombrar nuevos jueces y magistrados, y adquirir el soporte tecnológico y logístico para instaurar la oralidad en la jurisdicción administrativa, para que entre en funcionamiento en julio.
¿Para qué invitan a Santos?
Queremos aprovechar este clima de armonía y de cordialidad que el Gobierno nos ha brindado, para que no quede en un trato amable y que de cuando en cuando nos inviten a reuniones sociales y desayunos en Palacio. Ese ánimo debe traducirse en decisiones concretas y en recursos para la rama judicial.
¿De cuánto se está hablando?
El presupuesto que proyectó la rama para cubrir sus necesidades es de 3 billones de pesos, pero solo fueron aprobados 2,1 billones -el uno por ciento del presupuesto de la Nación-. Ahí ya comenzamos con un déficit. Ahora, el 66 por ciento del dinero que nos dan se encuentra sin asignación de fondos, lo que hace dramática la situación.
¿Cuáles son las necesidades?
El nuevo Código Contencioso Administrativo debe entrar en funcionamiento en julio y prevé un plan de descongestión, que tiene que ponerse en marcha cuanto antes, y han trascurrido tres meses desde que se adoptó y, por ausencia de recursos, no hemos podido avanzar.
¿Han tenido eco sus reclamos?
Esperamos que el Gobierno entienda nuestras angustias. La participación de la Rama Judicial en el presupuesto no pasa del 1,4 por ciento y esa colaboración armónica tiene que traducirse en cifras y en recursos para que podamos cumplir nuestras funciones.
¿Se puede hablar de una parálisis de la Justicia?
Con ese presupuesto se lesiona la autonomía de la Rama, queda dependiendo de lo que otra rama del poder público decida asignarle para el cumplimiento de sus funciones.
¿No necesita la justicia renovarse y ser más eficiente?
Para hacer más eficiente y moderna la rama, hacen falta recursos.
La rama tiene el propósito de mejorar en sus actuaciones y en sus procedimientos, y estamos abiertos a examinar todas las propuestas de reforma a la justicia.
¿Por qué se ha dilatado el acuerdo con el Gobierno de sacar una reforma concertada?
Hemos asistido a las comisiones que ha convocado el Gobierno, y el Consejo de Estado integró una comisión para entregar una propuesta de reforma. En esto no hemos tenido reticencias ni negativas.
¿En que hay consenso?
Queremos que se mantengan y se fortalezcan algunos valores definidos: la independencia y autonomía de la rama, el acceso a la administración de justicia, en función de los ciudadanos, y que la descongestión no se quede en poner al día los procesos atrasados.
Cortes se vinculan a reformas de la rama
La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado expresaron ayer su interés en vincularse al proyecto de reforma estructural de la Justicia, anunciado por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
En carta dirigida a Santos, los presidentes de estos tribunales, Camilo Tarquino y Mauricio Fajardo, señalaron que comisiones de magistrados trabajan en propuestas que serán presentadas para su estudio.
En la cumbre de Anapoima, convocada por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a la que asistieron los voceros de los partidos de la coalición, el presidente Santos confirmó que la enmienda será llevada al Congreso en julio próximo.
Y agregó que los ministros del Interior y de Justicia, y de Hacienda, se reunirán con los presidentes de las cuatro cortes, este martes, para revisar los presupuestos de la rama judicial.
JUZGADOS DIGITALES, ¿PARA CUÁNDO?
Todas las tecnologías que se pueden aplicar al proceso de digitalización de los juzgados tendrían un efecto tan positivo.
Esto le daría transparencia a la justicia colombiana, que bastante la necesita.
No hay duda de que los juzgados son el objetivo perfecto para un proceso de digitalización. No es sino entrar a uno de ellos y ver cajas arrumadas con documentos de procesos judiciales, cualesquiera que sean. Este desorden lógico, y lo digo así porque seguramente deben estar organizadas de alguna forma que facilite encontrar un documento, pareciera ser la causa de tanta ineficiencia, tantos juicios en los que se vencen los términos, obviamente en beneficio del acusado, quien de inmediato sale a la calle a seguir delinquiendo.
Todas las tecnologías que se pueden aplicar al proceso de digitalización de los juzgados tendrían un efecto tan positivo, que obliga a preguntarse por qué esto no se ha hecho. El Ministerio del Interior y de Justicia no puede seguir aplazando esta decisión. Llegó la hora de que la búsqueda de un oficio solo demore segundos, de que los documentos se puedan consultar y comentar desde un computador en la casa de los abogados involucrados o desde una 'tableta' en cualquier parte, eso sí, con las políticas de seguridad adecuadas.
Digitalizar todos los juzgados eliminaría el riesgo de que se puedan desaparecer los documentos de un caso, y lleva a que se tenga acceso inmediato al más actualizado. Esto le daría transparencia a la justicia colombiana, que bastante la necesita. Un juzgado sería algo de lo que el país se podría sentir orgulloso.
Las notarías ya emprendieron este proceso y en julio de este año se va a celebrar el Primer Foro de Notaría Digital para la Comunidad, con el auspicio del Ministerio de las TIC y la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Es un buen paso, del que se pueden aprender experiencias y buenas prácticas para poder llevar con éxito las tecnologías digitales y de las comunicaciones a los juzgados.
La única razón para que esto no suceda es que falta una política para hacerlo. Seguramente hay interesados en obstaculizar el proceso. Es que en el desorden actual -el que se eliminaría con la digitalización- deben existir personas que se benefician de él. Pero la justicia y la transparencia lo necesitan.
EL ESPECTADOR
EN FIRME SANCIONES CONTRA JUEZ POR EMBARGO A CUENTAS ESTATALES
El Consejo Superior de la Judicatura echó abajo la tutela del Seccional del Chocó que revocó decisiones contra el operador.
Sin efecto jurídico quedó el levantamiento de las suspensiones a 12 y dos meses proferidas por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en contra del Juez Primero Laboral de Quibdó, Chocó, Francisco Antonio Mena Castillo, luego de que el Consejo Superior de la Judicatura hubiera tumbado la tutela que lo disponía, a través del Seccional del Chocó.
El operador jurídico había concedido el derecho de reclamación de acreencias laborales exigidos por un grupo de maestros que prestaba sus servicios a la Gobernación del Chocó, por cuanto decidió ordenar medidas cautelares frente a las cuentas del Departamento, lo que motivó la sanción disciplinaria.
“Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuándo se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados (…)” dice el artículo 23 de la Ley 47 de 2003 en el que se basó el Consejo Superior para argumentar la determinación en contra de Mena.
Sin, embargo, una Sala de conjueces del Seccional del Chocó se abasteció de determinaciones de la Corte Constitucional para aseverar que la inembargabilidad de los bienes del Estado está supeditada a ciertas restricciones, como el caso del ‘Sistema General de Participaciones del Chocó Fondo Educativo Departamental’, que era la cuenta objeto de la decisión de Mena Castillo.
“(…) Las acreencias adquiridas con los demandantes, es decir, relacionadas con el ramo de la educación, al cual también pertenecen las cuentas de participación embargadas, está en armonía con la sentencia T-262 de 2007 de la Corte Constitucional”, respondió elSeccional en su momento, tratando de precisar que cuando se trata de cierto tipo de derechos laborales sí es aplicable el embargo.
Una Sala de conjueces del Consejo Superior, en segunda instancia, dejó sin efectos la acción de tutela que echó abajo cinco sanciones emitidas por su Sala Disciplinaria en contra del juez Primero Laboral de Quibdó.
"Estamos frente a la desatención de una norma, que se quiso llenar con supuestas justificaciones más allá de la Ley, desconociendo su legalidad, la cual impedía la extralimitación de funciones a través de forzadas interpretaciones", dice el Consejo Superior, al rebatir la viabilidad de los embargos, que buscaban hacer efectivo el pago de acreencias laborales en favor de varios maestros contratistas del departamento.
MAURICIO ACOSTA ESTRENA SU DOCUMENTAL ESTE LUNES A LAS NUEVE DE LA NOCHE EN HISTORY CHANNEL
Así fue la toma al Palacio de Justicia
Militares, familiares de desaparecidos, la justicia, el Estado y el M-19 cuentan su versión en el trabajo periodístico. Su autor cree que el país no está preparado para comprender el Holocausto.
Foto: Luis ÁngelHa realizado 54 documentales y desde 2007 su productora Mazdoc se alió con History Channel para comenzar a contarle las historias de Colombia a Latinoamérica.
Mauricio Acosta
¿Por qué se interesa por los acontecimientos de la historia reciente de Colombia?
Porque es hora de que los jóvenes sepan qué fue lo que ocurrió en el país hace sólo unas décadas, en los 80 y 90, y el documental es una buena manera para llegar a esta audiencia, que más adelante puede acercarse a esta historia para analizarla.
Después de 25 años de la Toma al Palacio de Justicia han aparecido varios relatos de lo ocurrido, ¿qué tiene para contar este documental?
Es un viaje a través de los años después de ocurrida la toma. Un viaje que busca responder si Colombia está preparada para empezar a entender y a encontrar la verdad de lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.
¿Cómo no tomar una posición en este tema controversial?
Como realizadores sí tenemos una posición, pero al enfrentarse a un evento tan complicado lo importante es dejar que los protagonistas del hecho, en este caso los militares, las familias de los desaparecidos, la justicia, el Estado y el M-19, cuenten su propia verdad.
¿Qué fuente quiso contactar y no le fue posible?
El expresidente Belisario Betancur se negó a atendernos. Creo que él no ha dado nunca una entrevista sobre la Toma al Palacio, pero pudimos acceder a su testimonio por el material de archivo que la Comisión de la Verdad nos confió.
¿Y para usted quién debe pagar por la toma al Palacio?
La justicia es la que debe tomar esa decisión, en este caso hay muchos culpables y cada uno tiene sus propias verdades.
¿Y Colombia está lista para entender lo que pasó en el Palacio de Justicia?
No está lista hoy, hasta ahora está empezando a entender lo que ocurrió, pero creo que nos hace falta madurar un poco más como sociedad para comprender los hechos.
¿Cuánto se demora la producción de cada uno de sus documentales?
Entre un año y un año y medio.
Desde 2007 trabaja con History Channel, ¿qué tanta libertad tiene para defender su estilo como documentalista?
Mucha, el canal es muy condescendiente con sus productores independientes. Nos ayuda a mantener la neutralidad en los contenidos, revisan el material antes de que salga al aire, pero confían en sus productores porque somos nosotros como latinoamericanos los que vivimos de cerca estas historias.
Cuando realizó la biografía de Álvaro Uribe, ¿se encontró con algún dato que le llamara la atención?
Más que encontrar un dato fue un reto lanzarse a contar su historia como persona y no como político, eso fue lo interesante, conocer su intimidad.
¿Y el expresidente no le aplicó su estrategia de… “siguiente pregunta”?
No, creo que porque fuimos claros desde el principio con el propósito del documental.
¿En algún momento su seguridad ha estado en riesgo?
Sí, no en estos documentales pero sí en uno que realizamos sobre paramilitarismo para la BBC de Londres.
¿Cuál es la entrevista más difícil a la que se ha enfrentado?
He tenido la oportunidad de entrevistar a varios líderes políticos, pero creo que una de las entrevistas más difíciles fue a un papá de un secuestrado y ver cómo el padre se culpa por el secuestro de su hijo cuándo no debería.
Tres líderes colombianos han sido registrados a fondo por usted, cómo describiría a Gaitán.
Un soñador.
A Galán.
Un arriesgado.
A Uribe.
Un genio para la política.
¿Qué identifica sus a producciones?
No solamente desarrollamos bien los temas desde la investigación sino que también los hacemos entretenidos para que el espectador lo vea hasta el final.
¿Qué le dejó como profesional narrar la historia del secuestro en Colombia?
Fue una historia muy difícil con una gran carga emotiva, un año largo donde acompañamos a las familias de los secuestrados y sentimos el dolor que ellos llevan por no saber qué pasa con sus seres queridos. Tuvimos en algún momento que parar grabaciones porque el tema era muy fuerte que la mayoría de las personas no la tiene presente.
¿CÓMO DEFENDER AL ESTADO?
Por: Álvaro Forero Tascón
En una sociedad en que muchos sectores, legales e ilegales, se aprovechan de la debilidad del Estado, sólo los gobiernos que lo fortalecen defienden realmente el interés general y por ende cumplen la Constitución.
La debilidad del Estado colombiano es una constante histórica, pero con ciclos de mayor debilitamiento y periodos de fortalecimiento. Estos últimos generalmente han coincidido con gobiernos que reformaron la Constitución, pues el criterio tradicional ha sostenido que el fortalecimiento estatal se hace por el camino de la modernización institucional, por oposición a las políticas coyunturales o personalistas que tienden a no perdurar en el tiempo. Ese enfoque primó entre los expertos que evaluaron recientemente a los presidentes colombianos, pues sobresalieron los más reformistas e institucionales, como Santander, los Lleras, López Pumarejo y Gaviria, por encima de Bolívar, Mosquera, Reyes, Gómez y Uribe.
En Latinoamérica la preocupación sobre el Estado no debe ser sobre su tamaño como en los países desarrollados, sino sobre su fortaleza, sobre su capacidad de defender el bien común. En Colombia esa discusión ha tendido a evadirse por la falta de distinción ideológica entre los partidos y por el clientelismo. Pero la disyuntiva sobre cuál es la manera correcta de fortalecer el Estado está hoy en el centro de la política nacional, porque refleja la principal diferencia entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Uribe logró fortalecer al Estado frente al enemigo más visible, la guerrilla, pero no hizo lo mismo frente a los otros grandes enemigos del Estado, los corruptos, los politiqueros y los demás violentos. Ni frente a grupos de presión poderosos.
El gobierno Santos está intentando fortalecer al Estado en los aspectos que sufrieron mayor debilitamiento en el gobierno anterior. Son muestras de eso la ley de reorganización con que se crearán de nuevo ministerios y se modificarán entidades débiles, las leyes de tierras y de víctimas, el estatuto anticorrupción, la ley de regalías, la que eliminó rebajas fiscales, las de nuevos códigos, la gestión para conseguir el nombramiento de fiscal general, la nueva política exterior, y esfuerzos puntuales frente a sectores como transporte y financiero.
Sin embargo, el fortalecimiento institucional por vía del reformismo y del respeto democrático no basta para enfrentar efectivamente a los principales enemigos del Estado. Las reformas políticas no consiguen desarticular la corrupción política, ni los intentos por depurar la policía logran golpear efectivamente al narcotráfico, ni los códigos a los sobornadores. Esos enemigos se enfrentan fundamentalmente con acciones ejecutivas apoyadas en fenómenos de opinión pública como las de Uribe contra a las Farc y Mockus contra el clientelismo en Bogotá. Mientras los enemigos del Estado estén por dentro con la politiquería, quedará en manos de los populistas y los antipolíticos hacer la defensa del Estado que más les interesa a los ciudadanos. Pero esas acciones carecerán de marco institucional y por lo tanto de continuidad y de profundidad.
Sólo un mandato partidista de gran envergadura es capaz de institucionalizar una lucha frontal contra los peores enemigos del Estado. La Ola Verde fue la cuota inicial.
EL NUEVO SIGLO
MÁS ORALIDAD EN LA JUSTICIA
SE equivocan quienes desde distintas orillas están lanzando dardos a la Fiscalía, Procuraduría y los jueces por la forma en que se adelantan los procesos penales y disciplinarios. Hablan de una presunta “justicia espectáculo” y señalan intenciones de protagonismo mediático de los operadores judiciales. Ignoran esos sectores críticos que en el nuevo Sistema Penal Acusatorio la oralidad juega un papel clave en todas las instancias procesales y ello lleva implícito que la exposición de los delegados del ente acusador, titulares de juzgados y tribunales así como del Ministerio Público en los medios de comunicación sea cada vez más alta. Por lo mismo, en un país en donde la libertad de prensa se ejerce sin cortapisas es común ver y escuchar en directo las exposiciones de todos los actores de un proceso judicial, sin que ello implique en modo alguno que se esté violando la reserva sumarial o saltándose los principios del debido proceso.
Colombia debe acostumbrarse a las particularidades del nuevo sistema oral, pues si bien hasta el momento sólo se está generalizando en los procesos de tipo penal, la idea es que dentro de poco tiempo esta modalidad se aplique también a los asuntos judiciales de tipo civil, comercial, de familia, laborales y agrarios, todo ello con el fin de unificar procedimientos, simplificarlos y, sobre todo, darle más celeridad a la resolución de demandas y denuncias. Ya el primer paso se dio con la Ley 1395 de 2010, que convirtió los procesos civiles ordinarios y abreviados en procesos verbales, como un primer paso hacia la oralidad en la justicia.
Incluso, en el proyecto de ley que el Gobierno impulsa para reformar el Código General del Proceso, no sólo se prevé la oralidad en casi todos los pleitos sino también, según lo explicó la Casa de Nariño, el uso adecuado de las tecnologías de la información y la utilización racional del aparato judicial. El proyecto contempla que sólo sea escrita la etapa inicial de la demanda y la contestación; el resto deberá ser oral, es decir, la audiencia para la práctica de pruebas, la audiencia del fallo y la misma sentencia.
Si se cumplen los pronósticos gubernamentales, habría un total rediseño de las etapas del proceso, pues bajo los actuales parámetros el promedio de resolución de causas es de cuatro años en promedio. De esa forma, la idea es que una vez entre en vigencia la proyectada reforma, los procesos tarden, como máximo, un año en primera instancia y seis meses en la segunda. Obviamente sin que ello implique en modo alguno el deterioro de las garantías procesales y el derecho de los sindicados y acusados a una defensa técnica y con margen suficiente para rebatir pruebas y argumentos, restringiendo eso sí la desgastante costumbre de acudir a prácticas dilatorias que, en no pocas ocasiones, sólo buscan propiciar el vencimiento de términos y la nulidad de lo actuado. Si todo esto se aterriza en un marco normativo nítido y coherente, el nuevo Código General de Proceso ayudará a dejar atrás en poco tiempo el cuello de botella que hoy se presenta en miles de casos de tipo civil, comercial, agrario y de familia.
Es claro, entonces, no hay tal justicia espectáculo y que quizá la notoriedad mediática y el cubrimiento en directo de todo lo que pasa en los juzgados en donde se llevan a cabo casos como el de los Nule y otros escándalos de corrupción, sorprende a un sector de la opinión pública.
Pero, como dijimos, el país debe acostumbrarse a la oralidad en los procesos judiciales, tal como se está imponiendo en todo el mundo, bajo los principios de justicia pronta y eficaz para todos.
“LA REFORMA A LA JUSTICIA NO PUEDE HACERSE AL MARGEN DE LA JUSTICIA”
Una de las cartas más importantes que se jugará el gobierno de Juan Manuel Santos será una Reforma a la Justicia. En muchos temas han llegado a acuerdos con las Cortes y en otros, muy sensibles, hay kilómetros de distancia. El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, aceptó esta entrevista para hablar de esa reforma y de otros temas relacionados con la Corte y la Rama Judicial, pero dejó claro, una y otra vez, que habla a título personal, pues el turno en la presidencia del alto tribunal es para el magistrado Camilo Tarquino.
El Gobierno decidió que presentará la reforma a la Justicia el 20 de julio ¿Habrá consenso con la Rama?
Una reforma a la justicia no se puede hacer al margen de quienes administran justicia, es desde allí donde deben surgir las ideas y las propuestas. El Gobierno ha liderado el proceso pero es necesario llegar a consensos y en los temas que no los haya, sería mejor no entrar en una controversia.
Están sobre la mesa muchos temas. Comencemos por el Consejo Superior de la Judicatura ¿Se debe acabar?
Esto tiene que ver con el gobierno de la rama. Desde la Constitución del 91 se diseñó un sistema de autogobierno que es justamente a través del Consejo Superior de la Judicatura, que ha tenido críticas pero que ha impulsado la independencia, ha logrado un manejo más autónomo del presupuesto, ha dotado mejor a los despachos, hay mejor educación y formación para los jueces a través de las escuelas judiciales, se ha manejado una carrera judicial muy bien.
Lo que hay que hacer es una reingeniería donde se le dé mayor participación a las ramas que administran justicia y que no permanezca el Consejo como un ente aparte, totalmente autónomo, porque eso no tiene razón de ser.
¿En esta reingeniería es necesario reformar la forma de elección de los magistrados del Consejo de la Judicatura?
Creo que el Congreso no debe participar en la elección de ningún juez, eso es politizar la decisión judicial. Hay que corregir eso de inmediato. Habría que ver si se va a cambiar la elección de los magistrados de la Sala Disciplinaria dentro de las propuestas del proyecto y cómo sería ese cambio. Pero de entrada, nada que tenga que ver con politizar las decisiones.
La Sala Disciplinaria ha fallado tutelas que involucran directamente a los congresistas, por ende ellos no pueden alterar la forma de elección de los magistrados.
Uno de los temas de mayor tensión es la tutela contra sentencias judiciales. ¿Será posible llegar a un acuerdo entre la Rama Judicial?
Según la Constitución del 91, existen órganos máximos de control: la Corte Suprema, y debajo de ella toda la jurisdicción ordinaria; el Consejo de Estado es el máximo tribunal de lo contencioso; la Corte Constitucional es el máximo tribunal en materia de exequibilidad y de salvaguarda de la Constitución. Ni la Corte Suprema o el Consejo de Estado vamos a aceptar que las decisiones tomadas por los órganos de cierre sean juzgadas o revisadas por nadie.
Los defensores de la postura contraria argumentan que hasta los organismos supremos pueden cometer errores…
Los organismos supremos tienen la labor de corregir los errores jurídicos que se puedan cometer en los tribunales. Cada ente hace los controles y los máximos encargados de ejercer este control son los organismos supremos. No hay razón de ser para hacer dos instancias de control. Dos controles no tienen razón de ser.
La congestión judicial es de esos temas de los que se habla con desesperanza ¿Cómo cambiar ese sombrío panorama?
¿Hay maneras de agilizar los procesos?
Esta es una reforma muy orgánica, funcional, pero al tema de la descongestión no apunta. Este tema hay que desarrollarlo a través de leyes que incentiven la oralidad y, sobre todo, hay que incrementar el presupuesto. No es que los jueces no quieran trabajar, todo lo contrario, los jueces en Colombia están evacuando más de lo que reciben. Lo que pasa es que hay un inventario acumulado y creo que el Estado debe asignar a la justicia un presupuesto adecuado para contratar jueces, implementar procedimientos orales, traer tecnología para castigar el inventario de congestión que existe. Es un asunto también de presupuesto.
¿Cuál es el presupuesto para la justicia?
Es del 1,2 por ciento del presupuesto nacional. Con este rubro la justicia no puede mejorar, debería ser al menos del 5 por ciento.
¿A qué se le podría reducir presupuesto para aumentar el de la justicia?
Los colombianos debemos hacer la reflexión sobre a qué le rebajamos para conseguir el dinero para hacer justicia y tener prioridades: si queremos priorizar la convivencia o si seguimos con la guerra. Esas son decisiones políticas.
Ese incremento de presupuesto no lo propone la reforma ¿Qué otra cosa no ve en el proyecto?
Lo que no veo en el proyecto es el tema de la corrupción, que cada día es más indignante para los colombianos y debe ser una prioridad. Se han planteado varias iniciativas como un tribunal de cuentas. Por ejemplo, se podría cambiar la condición de la Corte para designar funcionarios como Contralor, Fiscal, Procurador, por la competencia para el juzgamiento de estos funcionarios.
¿Es decir, quitarle esa función a la Comisión de Investigación de la Cámara, que la asuma la Corte y cambie la función de elegirlos?
Sí, repito, hablo a título personal, pero sería bueno hacer esa reflexión. La Corte Suprema de Justicia le ha cumplido al país y podría tener esa competencia.
Por qué la función de elegir funcionarios en la Corte se volvió un problema, si antes parecía funcionar bien?
Realmente el tema se demoró solo con un cargo, que fue el de Fiscal. El entorno en ese momento estaba afectado, la Corte estaba siendo víctima de interceptaciones, chuzadas a nuestras comunicaciones y eso, para una terna que venía propiamente del Ejecutivo, implicó mayor dificultad y mayor tiempo hasta que se vieran las cosas más claras.
Es decir, que lo que impidió el nombramiento no fue la calidad de la terna, sino la proveniencia del gobierno Uribe. Eso se sabía, pero usted lo ratifica.
Le repito, el ambiente estaba muy afectado.
Usted habla de corrupción y se habla de lo mismo al interior de la Corte. Por ejemplo, hay un testimonio de un paramilitar que asegura que la Corte recibió dinero por la elección del fiscal Mario Iguarán...
La Corte Suprema de Justicia participó de la elección del fiscal Mario Iguarán, y la Corte aceptó que se le investigue. Lo que no se puede permitir es la difamación. Nosotros ya estamos acostumbrados a que se nos pretenda desacreditar porque los delincuentes, cuando no tienen más argumentos, lo que quieren es desacreditar al juez para que sus decisiones pierdan legitimidad. La Corte no se opone a las investigaciones pero lo que hay que averiguar es de dónde vienen esos chismes y quiénes pretenden romper la imagen de la Corte. El delito no es si se compró la elección del Fiscal, el delito es quiénes pretenden romper la imagen que tiene la Corte Suprema en Colombia. La Corte es la columna de hierro de la democracia, y si no fuera por la Corte esto estaría perdido en la corrupción.
A propósito de las investigaciones ¿En qué va la del espionaje contra la Corte? ¿Habrá nombres concretos de los responsables?
Yo confío en las instituciones colombianas. A Colombia hay que decirle los resultados de las investigaciones y confiamos en que se descubran los responsables.
También habrá nuevo Ministerio de Justicia ¿Están satisfechos con este regreso al pasado?
El Ministerio de Justicia es un puente entre las ramas Ejecutiva y Jurisdiccional, si se rompe ese mecanismo de comunicación se dificulta la armonía entre las ramas y eso deriva en conflictos como los que hubo en el gobierno anterior. El Ministerio del Interior es una cosa muy distinta, maneja la música de la política, de la concertación, de la negociación entre las fuerzas políticas, mientras que la música de la justicia es la de los principios. Se necesitan dos personas y dos entidades distintas para manejar estos temas, Colombia no puede volver a mezclar el agua y el aceite.
¿A quién ve en el nuevo Ministerio?
Eso es del resorte exclusivo del Presidente de la República, pero confiamos en que sea alguien idóneo.
¿Le parece adecuada la actitud de la fiscal Vivian Morales en el caso de los Nule? Antes de la audiencia habló sobre el Principio de Oportunidad, sobre la posible rebaja de penas… ¿No se está adelantando al proceso?
Me excuso en contestarle, porque aquí designamos a la Fiscal y conocemos sus impedimentos. Yo dejo eso para los analistas.
¿Qué les responde a los que opinan que la justicia se ha vuelto de espectáculo?
El país dio un vuelco hacia un sistema de oralidad y esto tiene sus ventajas pero también sus críticas. Es hora de que el país vaya evaluando si el paso que dimos garantiza la justicia, la claridad democrática o si ha montado represamientos, distorsión del sistema, espectáculos.
Con grupos delincuenciales tan poderosos, el tema de la seguridad de los jueces es un círculo difícil de cerrar. ¿Seguimos en un país con una justicia bajo amenaza?
Este país ha sido muy violento, pero creo que hoy estamos en la manifestación más violenta de la historia de Colombia. Los jueces de hoy en día han visto la mayor violencia contra el aparato judicial del Estado. El juez tiene que ser independiente, y esa independencia hay que mirarla desde muchos factores, uno de ellos es la independencia frente a los grandes grupos criminales, frente al presupuesto, frente a las otras ramas del poder público, frente a los medios de comunicación. ¿Cómo podemos exigirle a un juez que se enfrente contra los grupos criminales si luego de dictar una sentencia, tiene que salir a coger una buseta para irse a su casa y no le damos la protección necesaria?
Hablemos de la extradición. La que está de moda es la del narcotraficante venezolano Walid Makled. La Corte la autorizó y el Gobierno lo manda a Venezuela. El presidente Santos dice que Chávez lo pidió primero, y el ex presidente Uribe dice que fueron los Estados Unidos ¿En eso algo tiene que ver la autorización de la Corte?
La Corte debe dar un concepto para la extradición de personas que están en Colombia y son solicitadas por sistemas judiciales extranjeros. Si el concepto es negativo, es vinculante para el Ejecutivo, pero si es positivo, queda en manos del Ejecutivo la decisión a qué lugar se extradita; a cuál país de los que lo solicitan es extraditado, es decisión del Presidente exclusivamente.
Después de tantos años extraditando nacionales ¿Este mecanismo, el de la extradición, ha sido bien utilizado?
La extradición es el mecanismo de cooperación internacional para perseguir la gran delincuencia. Hoy en día prima la globalización y la extradición es un mecanismo de cooperación.
Lo que me preocupa es que dejen las cosas a mitad de camino, el tratado de extradición con USA se negoció, pero al momento de dar la aprobación interna se cayó el instrumento formal que ponía en vigencia el acuerdo. Nosotros hemos venido cumpliendo con la extradición basándonos en el Código de Procedimiento Penal, no en el tratado. Hay que mejorar los mecanismos y a buena hora viene el Ministerio de Justicia.
¿Cuál es el horizonte de la parapolítica?
La Corte Suprema le ha cumplido al país. Y las investigaciones siguen avanzando, por eso no puedo referirme a ellas en detalle.
Si pudiera cerrar los ojos y pedir un deseo para mejorar la administración de justicia ¿Qué pediría?
Más acceso, que todas las causas puedan llegar a la justicia, que los colombianos no lleguen a hacer justicia a propia mano. El país necesita una verdadera revolución en mecanismos de acceso adecuado a la administración de justicia. Hay que crear una cultura de justicia. Mejorar la descongestión, porque una justicia tardía no es justicia.
SE APRIETA TIEMPO PARA REFORMAR REGALÍAS Y SUPRIMIR LA CNTV
Sólo a partir del 26 de abril estos proyectos reiniciarían su debate en Senado
El Congreso tendrá que emplearse a fondo de aquí al 20 de junio, cuando finaliza la legislatura, para dar los debates que les restan tanto a la reforma al régimen de regalías como a la supresión de la Comisión Nacional de Televisión (Cntv), de lo contrario estas iniciativas clave para el Gobierno se hundirán.
La razón es que “el trámite de un proyecto de acto legislativo tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos. Dos períodos ordinarios de sesiones comprenden una legislatura, a saber: el primero, que comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre; y el segundo, desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio”, establece la Ley 5ª (Ley del congreso) en su artículo 224.
El 18 de agosto de 2010 el Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto para suprimir la Cntv, órgano creado por la Constitución de 1991, por considerar que es un ente paquidérmico y costoso. Mientras que el 31 de agosto pasado, radicó una iniciativa para reformar el régimen de regalías que obtienen algunas regiones por la explotación de recursos como el petróleo y el carbón.
El Gobierno se propone que los recursos por regalías sean repartidos entre todas las regiones del país sin tener en cuenta si son explotados en sus territorios o no.
En cuanto a su trámite legislativo estas dos iniciativas lograron recibir cuatro debates hasta diciembre del año anterior en las comisiones primeras de Senado y Cámara así como en sus respectivas plenarias. Sin embargo el martes anterior la eliminación de la Cntv dio un paso más frente a la otra iniciativa, cuando la Comisión Primera de Senado la aprobó en quinto debate.
En cualquier caso, los dos deben recibir ocho debates para cumplir su trámite como proyectos de acto legislativo y de ser el caso, convertirse en leyes de la República.
En consecuencia, el reto para el Congreso es dar esos debates restantes a cada uno de los proyectos en mención de aquí al 20 de junio cuando finaliza el segundo período de la presente legislatura, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 5ª.
Cuenta regresiva
Aunque los presidentes de las comisiones primeras de Senado y Cámara, Eduardo Enríquez y Berner Zambrano, respectivamente, han asegurado que no se presenta ni se prevé un trancón legislativo en estas células y se comprometieron a que sacarán adelante la agenda gubernamental, lo cierto es que sí están sobrecargadas de trabajo.
Así lo reconoció el propio Jefe de Estado el pasado viernes en Anapoima (Cundinamarca) en la reunión que sostuvo con los parlamentarios de las comisiones primeras, tanto que prefirió posponer para el segundo semestre de este año la presentación de la reforma a la justicia. “La actual legislatura está muy cargada de importantes proyectos y radicar una reforma de este tipo en estos momentos pone en peligro el trámite de otras iniciativas prioritarias para este Gobierno”, dijo.
Pero como si la sobrecarga de trabajo fuera poco, el mayor problema es el poco tiempo que tienen los congresistas para sacar adelante la agenda legislativa de aquí al 20 de junio, pues en la práctica cuentan apenas con 29 días para sesionar, teniendo en cuenta que por lo regular se reúnen en comisiones y plenarias los días martes, miércoles y jueves.
Ahora bien, por la ruta que en su trámite han seguido estos proyectos, coincidencialmente su avance en este momento depende del Senado, pues en el caso de la reforma a las regalías está a la espera de recibir su quinto debate en la Comisión Primera (ya tiene ponencia positiva) y luego surtir el sexto debate en la plenaria de Senado para, finalmente, tener los dos últimos debates en Cámara.
Mientras que la iniciativa que suprime la Comisión de Televisión está a la espera de recibir su sexto debate por parte de la plenaria de Senado para, posteriormente, cerrar con sus dos últimos debates en la Primera de Cámara y la plenaria de esa Corporación.
Aunque es difícil pensar que el Gobierno permita que estos dos proyectos se archiven por no completar su trámite, y que sí en algún momento el tiempo apremia, seguramente el ministro Vargas apretará a las bancadas para que se agilice en el tema, lo cierto es que el reloj sigue corriendo y hasta el 26 de abril no pasará nada con estas iniciativas porque en esta semana, la Comisión Primera de Senado solo sesionará hoy para finalizar el estudio del proyecto de víctimas, mientras que la plenaria no sesionará; en tanto que luego viene Semana Santa…
¿SE DEBE MODIFICAR CONTROL CONSTITUCIONAL DE ESTADOS DE EXCEPCIÓN?
Expertos en el tema advierten que se debe dejar el mecanismo como está y piden al Gobierno ser más cuidadoso a la hora de proferir los decretos
¿Por qué son tan susceptibles los Estados de Excepción de caerse en la Corte Constitucional?, es la pregunta que más de uno se hace después que de cuatro Estados de Excepción proferidos en tres años, sólo uno haya salido victorioso casi en su totalidad de su examen en el alto Tribunal, pues en el 2009 declaró inconstitucional la Conmoción Interior para contrarrestar los efectos del paro judicial de ese mismo año, y en el 2010 corrió con igual suerte la Emergencia Social declarada por una supuesta crisis del sector de la salud.
El último caso ocurrió hace dos semanas cuando la alta Corte declaró inexequible la segunda Emergencia Social, Económica y Ambiental para hacerle frente a la ola invernal que azotó el país a finales del año pasado, caso en el que varios sectores de la sociedad se mostraron sorprendidos y contrariados por la decisión.
Algunos de esos sectores hicieron varias propuestas para blindar los Estados de Excepción, como por ejemplo, que la Corte Constitucional profiera un concepto o control constitucional previo para orientar al Gobierno a la hora de argumentar la declaratoria de la emergencia respectiva.
Pues bien, EL NUEVO SIGLO consultó con expertos en el tema para saber que tan viable sería cambiar el mecanismo del control constitucional para los Estados de Excepción.
El ex presidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, explicó que no hay necesidad de volver al sistema que contemplaba la Constitución de 1886, en el que el Consejo de Estado profería un concepto previo a la declaratoria del Estado de Emergencia o de Sitio.
“En la Constitución anterior, la de 1886, estaba previsto que antes de declarar uno de los estados de excepción, que en ese entonces eran el Estado de Sitio y el Estado de Emergencia, emitiera un concepto el Consejo de Estado, el cual era obligatorio solicitarlo, aunque su contenido no obligaba al Gobierno. La Constitución de 1991 derogó esa norma, y hoy el Presidente de la República puede acudir a los estados de excepción, sin necesidad de un previo concepto.
(…) Ahí es muy importante el control político que ejerce el Congreso de la República y el control jurídico - constitucional a cargo de la Corte Constitucional y que no permite que el Presidente abuse de las facultades que le son conferidas por la Constitución en esos casos de emergencia. Entonces, yo no creo que sea necesario (un blindaje)”, dijo el ex magistrado.
El también ex presidente de ese alto Tribunal, Carlos Gaviria se mostró en desacuerdo con la idea de que la Corte Constitucional tenga también la facultad de ser un cuerpo consultivo.
“A mí no me gusta convertir la Corte Constitucional, que tiene la facultad de fallar, de conceder una Emergencia, en un cuerpo consultivo. Yo creo que las cosas deben mantenerse tal cual y lo que tiene que hacer el Gobierno es ser mucho más cuidadoso en observar las situaciones de hecho que invoca para dictar estados de excepción”, señaló.
De otro lado, el experto constitucionalista, Juan Manuel Charry, manifestó que, aunque en su opinión la Corte se equivocó al declarar inexequible la segunda declaratoria de la actual emergencia, no se debe hacer modificaciones a la Constitución.
“Hay que dejar el sistema como está. Crear conceptos o controles constitucionales previos, en mi opinión es un error. Aunque es discutible la decisión de la Corte Constitucional, no quiere decir que ese control esté mal. En mi opinión, la Corte se equivocó porque no tiene sentido sostener que una mala argumentación o una mala explicación de un desastre nacional lleva a su inconstitucionalidad, cuando es un hecho notorio que hemos tenido una calamidad interna con hechos impredecibles que necesitaban una segunda emergencia y una serie de medidas adicionales”, dijo
HOY LE DARÍAN VÍA LIBRE A LEY DE VÍCTIMAS
El proyecto de ley de reparación a víctimas de la violencia sería aprobada en su totalidad hoy por la Comisión Primera del Senado, célula legislativa que fue citada a las tres de la tarde para debatir los cincuenta artículos que hacen falta aprobarse. Sin embargo, se espera que estos últimos artículos generen la mayor controversia, pues todos tienen proposiciones modificatorias o sustitutivas.
Entre ellos está el que define la institucionalidad de la norma, o sea la entidad estatal sobre la que recaerá la atención a las víctimas. Sin embargo, en este punto ya hay un preacuerdo para que sea una agencia adscrita a la Presidencia de la República, excluyendo a Acción Social.
Además hay un aspecto en el que todavía no hay un consenso establecido, y es el que tiene que ver con la definición de víctima, pues hay algunos que se han opuesto a que sean incluidos los guerrilleros que se les haya violado el Derecho Internacional Humanitario o sus familiares.
De igual manera, está pendiente la discusión de la propuesta del senador Roy Barreras para que sea incluido en el texto la exigencia de un acuerdo, en el que la víctima se comprometa a no demandar al Estado por los mismos hechos que haya sido reparado administrativamente.
La semana pasada, la Comisión Primera había aprobado hacer efectiva la norma desde enero de 1985, por lo que serán reparados los familiares de las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica, del holocausto del Palacio de Justicia.
De igual manera, entre los más de 130 artículos que ya fueron aprobados están las medidas para reparar a las víctimas, incluida la ayuda humanitaria que contempla educación, vivienda, entre otros.
Además en el capítulo de restitución de tierras sólo falta por aprobarse la jurisdicción que se encargará de los procesos. La propuesta es que sean los jueces de circuito los que conozcan en primera instancia de estos casos y las salas civiles de los tribunales superiores, en segunda.
REVISTA SEMANA
¿SE ACABAN LAS FILTRACIONES?
En Colombia la filtración de información reservada ha sido clave para que los ciudadanos conozcan casos de corrupción y abuso de poder de algunos gobiernos.
Preocupa que en la nueva ley de inteligencia los periodistas puedan ser judicializados si publican información reservada. Esa medida evitaría que los grandes escándalos salieran a la luz pública.
En un mundo donde las redes terroristas y del crimen organizado tienen en jaque a muchos países, nadie cuestiona que las labores de inteligencia que buscan proteger la supervivencia de las democracias estén amparadas por el secreto. Pero la experiencia ha demostrado que cuando la reserva se convierte en un mecanismo para encubrir abusos de los funcionarios, el mejor antídoto es la filtración de estos secretos al público a través de los periodistas. Eso ocurrió en Estados Unidos con el caso Watergate, que dejó al desnudo los métodos usados por la campaña de Richard Nixon para hacerse a la Presidencia. Pasó en Perú para demostrar el papel de Vladimiro Montesinos en el régimen de Alberto Fujimori y ha servido en Colombia para demostrar que el DAS se convirtió por varios años en un verdadero Frankenstein del espionaje.
Ese equilibrio entre la necesidad del secreto y la de que se quebrante es el que podría romperse con la nueva ley de inteligencia que acaba de ser radicada en el Congreso, que ya levantó una polvareda entre los periodistas, pues contempla el aumento de penas para quien "divulgue" información reservada.
Esta ley no es tan nueva. De hecho, es una versión revisada del texto aprobado por mayoría absoluta en 2008, que se cayó en la Corte Constitucional por vicios de forma, pues debía ser una ley estatutaria ya que afecta derechos fundamentales. En su momento obtuvo gran respaldo porque después de los abusos cometidos por muchos agentes de inteligencia, encubiertos por la reserva, era obvio que se necesitaba un marco legal.
Ese es el lado bueno del proyecto actual, pues es claro en que la inteligencia debe obedecer a un plan, crea un sistema de controles internos y también civiles, pues una comisión del Congreso sería parte de él, y obliga a que cualquier tipo de seguimiento o vigilancia sea autorizado por un juez. El proyecto incluye también dos nuevos elementos que corrigen fallas del pasado. Por un lado, instaura una comisión liderada por el Procurador y con participación de la sociedad civil, para que recomiende los mecanismos para depurar los archivos de inteligencia. Además, exonera a los funcionarios que filtren información que ha sido recaudada de manera ilegal.
No obstante, el proyecto tiene aspectos muy preocupantes, como el que deja la puerta abierta para que los periodistas sean judicializados si publican información reservada. Si bien es cierto que este artículo está contenido en el Código Penal, también lo es que la Corte Constitucional ha reiterado en varias sentencias que quien responde por estas filtraciones son los funcionarios y no la prensa. "Eso se va a aclarar en la ponencia, sin ninguna duda", dice el senador liberal Juan Manuel Galán, ponente y defensor del proyecto.
Otro aspecto cuestionable es que la reserva está contemplada por 40 años, los cuales el presidente puede prorrogar por 15 más. El estándar internacional y lo que contempla hoy la ley de archivos es 30 años. La facultad de levantar la reserva es exclusiva del jefe de Estado y el gobierno determinará también los niveles de reserva de la información. Este punto merece mayor definición en la ley. Los cables de WikiLeaks han demostrado que a los funcionarios les encanta usar el sello de top secret para rotular incluso conversaciones de coctel. Por eso el contrapeso a tanto secreto lo dan leyes de acceso a la información que permiten desclasificar documentos parcial o totalmente, como el caso de los Foia de Estados Unidos.
Si bien corren tiempos de grandes riesgos de seguridad para las democracias, también son tiempos donde las demandas de información son mayores. Por eso la reserva debe reducirse a la mínima expresión, especialmente en un contexto donde muchos crímenes y actos de corrupción se han encubierto bajo el manto del secreto, sin que aún se hayan corregido radicalmente o castigado de manera ejemplar estos abusos.
MARTA LUCÍA RAMÍREZ Y JORGE ROBLEDO: MANO A MANO SOBRE ACUERDOS MILITARES CON EE.UU.
Marta Lucia Ramírez (izquierda) y Jorge Robledo (derecha) exponen en el libro ´Relaciones Militares Colombia-Estados Unidos´ sus argumentos sobre la conveniencia de la relación entre los dos países.
La exministra y el senador abordan el polémico tema en el libro 'Relaciones militares Colombia-Estados Unidos', que se lanzó este jueves. Semana.com habló con los autores.
Miércoles 6 Abril 2011Motorola Solutions
Uno de los temas más controversiales de la política exterior colombiana ha sido su obsecuencia a los intereses de Estados Unidos. De un lado están quienes creen que esa relación es necesaria para conquistar metas en el campo del desarrollo, la economía y la seguridad. De otro están quienes consideran que esa relación es desventajosa, y en consecuencia deriva en pérdidas.
Muestra de ello fue la discusión del acuerdo para prestar las bases militares colombianas al Ejército de Estados Unidos. Ese capítulo reciente de las relaciones diplomáticas generó debate, no sólo en el ámbito local, como era de esperarse, sino en el regional.
Al final, la Corte Constitucional dejó el acuerdo sin vida en un momento conveniente para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.
No obstante, la discusión sobre el acuerdo para prestar las bases militares revivió el debate sobre el papel de Colombia en la región y la conveniencia de una relación sujeta a los intereses de Washington.
Esa discusión aún no termina. La revista Semana y la editorial Norma lanzaron en la noche del jueves, en el Club El Nogal, el libro Relaciones Militares Colombia-Estados Unidos en el cual, desde orillas opuestas, el senador del Polo Democrático Jorge Robledo y la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez dan su punto de vista sobre la cooperación militar entre los dos países.
Robledo argumenta que la obsecuencia con la agenda de Defensa de los Estados Unidos podría poner en peligro a Colombia, mientras que Ramírez afirma que en un contexto global es necesaria la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, y por lo tanto, es conveniente desmitificar los alcances de un acuerdo como el que se discutió.
Para el analista internacional y excanciller Rodrigo Pardo, quien hizo el prólogo del libro, aunque los dos tienen “algún acierto”, también se equivocan, porque asumen visiones radicales.
“En la derecha no entienden, ni asumen en serio, que la diplomacia es un instrumento efectivo para satisfacer los intereses nacionales sin poner en peligro la paz y sin necesidad de acudir a la fuerza. En la izquierda no aceptan que la cooperación en el campo militar, y de hecho en otros campos también, se puede diseñar sin poner en peligro ni en juego la soberanía nacional”, dice el excanciller.
A propósito de la discusión contenida en el libro, Semana.com habló con los dos autores quienes explicaron sus puntos de vista. Esto fue lo que dijeron:
Semana.com: Para usted, ¿acuerdos militares como el que no se ratificó son importantes para combatir la delincuencia transnacional?
Marta Lucía Ramírez: Hoy, más que nunca, ante la evidente relación directa entre la violencia, el narcotráfico, la ausencia o la presencia insuficiente del Estado, los conflictos y el subdesarrollo, se impone la necesaria cooperación en materia de seguridad y lucha contra tales flagelos. Para Colombia y algunas de las naciones menos desarrolladas del hemisferio –como es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, varios de los países de Centroamérica y del Caribe–, así como para otras con mayor nivel de desarrollo –como es el caso de México, Brasil y Argentina–, se requiere de manera urgente una agenda estratégica de relaciones de cooperación interamericana que incluya sin prevenciones a Estados Unidos y con ánimo de colaboración sincera.
Jorge Robledo: En general, yo no estoy de acuerdo con ninguna teoría que se levante sobre el presupuesto de que el fin justifica los medios. Yo estoy de acuerdo con que Colombia se levante militarmente contra quienes lo amenacen militarmente: paramilitares, guerrilla, delincuencia común. Pero también soy enfático en que esa manera de enfrentarlo no se puede hacer de cualquier forma. El Estado no puede robar al que lo roba, secuestrar al que secuestra, o asesinar al que asesina. Y esgrimir la capacidad de fuego como instrumento de lucha contra la guerrilla y el narcotráfico cae en ese argumento de que el fin justifica los medios… Si algo le ha hecho daño a este país es la creencia de que el fin justifica los medios. Eso se aplica a quienes digan que las bases se iban a utilizar para disuadir a un país vecino. Cada vez queda más claro que esas bases no eran para hacer una contención cierta de actividades militares de vecinos, sino que esas bases eran parte de la estrategia de guerra de Estados Unidos, por el control de América y del mundo.
Semana.com: El acuerdo militar desencadenó una álgida discusión, tras el fin al préstamo por parte de Ecuador de la base militar de Manta…
Marta Lucía Ramírez: Ante la negativa de prorrogar los acuerdos existentes al respecto, fundada en una disposición constitucional que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia decidieron suscribir un acuerdo simplificado de asistencia y cooperación técnica y por eso se dispusieron, entre otras medidas, el acceso a siete bases militares colombianas, con el fin de mantener activos los esquemas de control que venían desarrollándose desde Ecuador… Es de rescatar el significativo valor del acuerdo, inscrito dentro de la clara línea disuasiva de la política exterior estadounidense, por lo menos en materia de la desafiante lucha contra el narcotráfico; y, por otro lado, visto como un marco de referencia importante en la medida en que intensifica el interés y allana el camino para su adhesión, de quererlo así los demás Estados del hemisferio.
Jorge Robledo: Yo he dicho que el acuerdo es peor que el que había suscrito Estados Unidos con Ecuador en Manta. Es peor, por lo menos, por dos razones. La primera, porque aquí estábamos hablando de siete bases militares. No es lo mismo una que siete. Y la segunda, porque lo que los gringos estaban autorizados a hacer en Manta era muchísimo menos de lo que estaban autorizados a hacer aquí. En Manta estaba claro que cualquier medida de interdicción tendría que ser hecha por aeronaves ecuatorianas. Aquí no. La autoridad gringa tenía absoluta libertad para moverse en asuntos de guerra.
Semana.com: ¿Qué va de la inmunidad a la impunidad?
Marta Lucía Ramírez: La cooperación debe ser, por supuesto, respetuosa de las leyes nacionales y por tal razón no es aceptable que bajo su manto se pretendan imponer condiciones de inmunidad que solo caben de manera excepcional, para actividades derivadas de la labor diplomática y bajo los estrictos términos y condiciones de los tratados internacionales vigentes. Así entendida, la cooperación es una garantía de que cada uno de nuestros Estados seguirá mejorando sus capacidades para cumplir con el deber sagrado e indelegable de preservar su sistema democrático y de proteger la vida y las libertades de sus ciudadanos e instituciones contra cualquier tipo de amenaza.
Jorge Robledo: Hay varios casos de militares que documento basado en fuentes de prensa. En Tolemaida, por ejemplo, hay uno de una violación de una niña por oficiales norteamericanos. Hay otro caso de un militar que fue sorprendido vendiéndole munición a un grupo de paramilitrares. Lo que argumento en ese capítulo es que en esos acuerdos se suscribe una inmunidad que se constituye en la práctica una impunidad.
Semana.com: ¿Y la soberanía?
Marta Lucía Ramírez: La soberanía, en tanto atributo del Estado, no tiene solamente una connotación interna sino que también se refleja en el ámbito externo. Los problemas graves existentes hoy en día en nuestro país, y para cuya superación se requiere de la colaboración de otros Estados, hacen pensar que se debe permitir el recibo de auxilios extranjeros a fin de atender la ayuda humanitaria, bajo el entendido que se proteja el núcleo de la libertad estatal propio de la autodeterminación y sin desconocer reglas y principios de aceptación universal. El concepto de soberanía ha perdido, hoy en día, su carácter absoluto y excluyente para someterse a la regulación de la comunidad internacional.
Jorge Robledo: En un mundo globalizado tiene más sentido la palabra soberanía. En el libro cuento que una tribu en el centro del Amazonas o en el centro de Oceanía, probablemente no necesita el concepto de soberanía. Porque estas comunidades no se relacionan con nadie. Cuando los pueblos se relacionan entre sí es que aparecen los criterios para hacer aceptables esas relaciones. Uno de esos criterios es la soberanía. La soberanía no se opone a que nos relacionemos sino a que lo hagamos de mala manera. Cuando los patriotas liberaron a América de España, no lo hicieron para aislarse, sino para ser reconocidos como soberanos y poder relacionarse bajo otros parámetros con otros pueblos.
Semana.com: ¿Y ahora, qué pasará?
Marta Lucía Ramírez: Consideramos que en estricta lógica y coherencia, lo adecuado sería llevar el acuerdo al Congreso para su discusión, aun a riesgo de que se reabra la polémica sobre temas tan sensibles del mismo, como aquellos relacionados con el estatus e inmunidad del personal militar estadounidense o sus contratistas, el acceso, uso, propiedad y ubicación de las instalaciones militares y el respeto por las leyes nacionales. Así las cosas, el Gobierno Nacional tiene la última palabra.
Jorge Robledo: Saludo el concepto del Consejo de Estado y la posición de la Corte Constitucional de decir que el trámite fue ilegal. Lo sostuve desde el principio. Bastaba una lectura elemental para darse cuenta de que violaba la Constitución. Si quisieran violar la Constitución tendrían que hacer el acuerdo mediante un tratado. Me complace que la Corte hubiera dicho si quiere las bases se debe tramitar un tratado que pase por el Congreso. Pero le tienen miedo, porque seguramente la Corte también lo va a declarar inconstitucional, porque no hay artículo que permita hacerlo.
No me preocupa si el gobierno propone el tema. Lo que me preocupa es algo que apenas sí menciono en el libro: que hoy hay inversiones enormes por fuera del acuerdo de las bases, particularmente en Tolemaida, que violan la ley más descaradamente que nunca. Eso lo tengo documentado y seguramente será motivo de un debate que estoy preparando.
CARACOL RADIO
CONTROVERSIA POR PRESUNTA PERSECUCIÓN LABORAL CONTRA FUNCIONARIO GAY EN LA PROCURADURÍA
Daniel Antonio Sastoque, asesor de la Procuraduría Regional de Cundinamarca, interpuso una acción de tutela al considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales y que está siendo discriminado por su condición de homosexual; sin embargo el Tribunal Superior de Bogotá negó la acción, la Corte Suprema ratificó el fallo impugnado y ahora será la Corte Constitucional la que decida en revisión la decisión.
Según el funcionario, ha sido víctima de una persecución laboral por parte del Ministerio Público al ser trasladado "sin motivación ni explicación oficial, producto de la discriminación y la censura, pues el procurador -en su concepto-, es católico, y considera todo lo que sea contrario a esa ideología como libertinaje, desestima la perspectiva de género y el multiculturalismo, y para él la protección de las personas transgeneristas, atenta contra los intereses de la niñez y la adolescencia".
Dichos argumentos, contenidos en la acción de tutela resuelta el 21 de septiembre de 2010, finalmente fueron desvirtuados por el Tribunal Superior de Bogotá en primera instancia al considerar que su traslado de la Procuraduría Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos a la Regional Cundinamarca, "no demuestra la existencia de represalias por su condición sexual, ni por sus actividades sindicales".
Señala el fallo de primera instancia que la supuesta discriminación o censura "no puede deducirse ni presumirse de la postura religiosa del procurador general a la que se refiere la demanda".
Ante este fallo, Sastoque Coronado impugnó la decisión ante la Corte Suprema, que de todas formas la ratificó; no obstante el funcionario del Ministerio Público solicitó la semana pasada a la Corte Constitucional la revisión de esta segunda decisión. Por ahora, el Alto Tribunal aceptó dicha revisión y será quien tenga la última palabra en esta controversia entre controversia jurídica que de nuevo pone en tela de juicio las convicciones religiosas del procurador Alejandro Ordóñez frente a los intereses particulares y colectivos.